Una nueva reordenación del régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en España: comentarios a la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre

Resumen

Nadie serio puede exigir que un Estado renuncie a establecer un adecuado sistema de control de sus fronteras, cualesquiera que éstas sean. No es sólo una garantía de seguridad ciudadana sino también de orden público económico y, sobre todo, de transparencia y bienestar para las personas, las que deciden trasladarse, con toda legitimidad, a otros Estados y las que ya residen y trabajan en el Estado y Sociedad de acogida. Ahora bien, por lo mismo, es exigible a ese Estado que sea capaz de diseñar y poner en práctica un ordenamiento jurídico coherente, equilibrado y justo para afrontar esta cuestión social de nuestro tiempo –y de otros ya lejanos pero que deberíamos recordar–. No es serio, sin embargo, afrontar estos procesos de forma episódica, fragmentada y a golpe de reveses, como ha sucedido con la LO 14/2003. Esta ley nació con un importante vicio de origen, muy poco edificante, cual es la neutralización de las decisiones judiciales que habían sacudido fuertemente las opciones gubernamentales seguidas con la anterior reforma, especialmente con su desarrollo reglamentario (STS, 3.ª, 23-3-2003). Sin embargo, y por vez primera, en su tramitación parlamentaria buena parte de este vicio se fue purgando, hasta el punto de ser objeto de un Pacto Político, al conseguir el voto favorable del mayor Partido de la Oposición.

Aunque esta «Ley Pactada» de reforma de la cuestionada, no ya por su unilateral sino por sus dudas de constitucionalidad y por sus incertidumbres reguladoras, LO 4/2000, a su vez modificada por la LO 8/2000, no ha sido bien vista por el movimiento social pro inmigrantes, no pueden en modo alguno desdeñarse ciertas mejoras introducidas con la modificación. Si bien de nuevo con la confusión y deficiencias técnicas que suelen caracterizar la intervención normativa en materia de extranjería e inmigración, tanto el régimen de situaciones administrativas como la ordenación del procedimiento de gestión del acceso al mercado de trabajo presentan mejoras de relieve, en términos de simplificación y agilización del mismo. Igualmente, entre otros aspectos, el legislador ha aceptado la doctrina judicial mayoritaria favorable no sólo a mantener en vigor el contrato de trabajo pese a la carencia de autorización (STS 9-6-2003), de modo que, sin perjuicio de reforzar las responsabilidades del empleador por tales incumplimientos, se extienda al trabajador el entero sistema de derechos derivados del contrato, incluso aquellos vinculados a relaciones jurídico-públicas, como las prestaciones de Seguridad Social.

Pues bien, para dar cuenta de todos estos importantes cambios legislativos y jurisprudenciales, analizándolos de una manera detenida, para facilitar su aplicación práctica, pero también crítica, para permitir su comprensión global, se ha realizado este estudio. Al mismo tiempo se ofrece un recorrido, sintético pero ilustrativo, de la primera aplicación que se ha hecho de la reforma en materia de regulación del acceso al mercado de trabajo de los inmigrantes, como ha sido el Contingente 2004 –BOE 31-12-2003–. El análisis de este entramado normativo se sitúa igualmente en relación a otra ley que, si bien de modo parcial, afecta al sistema, como es la nueva Ley de Empleo (Ley 56/2003), objeto ya de comentario específico en este Monográfico.