La regulación de la oposición a la ejecución y su aplicación al orden jurisdiccional laboral

Abstract

La vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 supone, entre otras muchas cosas, la positivación de unas causas de oposición a la ejecución aplicables a los títulos y acuerdos homologados judicial o extrajudicialmente. Sin duda se trata de un acierto del legislador puesto que el instituto era demandado por un amplio sector doctrinal. Su aplicación a la ejecución laboral en general, y salarial en particular, pese a ser de forma subsidiaria, generará no pocas disfunciones que no traen otra causa que la insuficiente, incompleta y fragmentaria regulación del proceso de ejecución en el orden jurisdiccional social.