Panoramas de actualidad laboral en un nuevo fin de legislatura: rebuscando por las fuentes

Abstract

Las normas laborales, tanto sustantivas como procesales, no han dejado de experimentar reformas de cierto alcance por la llegada del cierre de la Legislatura y, una vez pasada, en cierta forma, la «resaca» de las Leyes sociales y laborales con pretensión «faraónica» –más en el papel oficial (BOE) que en la práctica social–. En ocasiones, tales cambios se han realizado mediante leyes específicas de carácter laboral y han respondido al «ajuste de cuentas» con nuestros compromisos comunitarios. Es el caso de la Ley 38/2007, que transpone dos Directivas Comunitarias, eso sí, en algún caso tras volver a sufrir el varapalo de la condena del TJCE. En otros supuestos, la reforma se ha introducido de una forma completamente «deslocalizada», en la medida en que apenas podía existir una pista racional que hiciera pensar en que esa ley contenía reformas de alcance social y laboral, en especial en el ámbito de la LPL, como es el caso de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre.

Aunque en comparación con las cuatro grandes Leyes sociales de esta Legislatura las modificaciones que aportan ambas leyes pudieran parecer de «menor cuantía», un análisis en profundidad evidencia que no es así, y que en realidad pueden abrir, al menos algunas de ellas, una nueva etapa en la edificación de ciertas instituciones jurídico-laborales. Esto ocurre, sin duda, con el derecho de consulta de los trabajadores, pero también en relación con otras que ya parecían estabilizadas, como es la relativa a la legitimidad de las cláusulas de jubilación forzosa, por obra de la Ley 14/2005. Sin embargo, una sorprendente sentencia del TJCE puede devolvernos a la caótica situación de hace años, con lo que todo el trabajo realizado legal y constitucionalmente podría venirse abajo si prosperara cierta lectura expansiva de su doctrina.

Pues bien, a un análisis detenido, tanto de los cambios legales, en su relación con el marco de referencia que los provoca, tanto normativos como jurisprudenciales, cuanto a la localización de sus principales problemas aplicativos, se dedica este estudio. De nuevo, en él se encontrarán tanto las pautas para una comprensión crítica de las reformas, apurando al máximo sus posibilidades –«alimento para el espíritu del jurista»–, cuanto un catálogo o «batería» de soluciones, para que el operador pueda hacer frente a las cuestiones prácticas –«alimento para la vocación pragmática del jurista»–.