«A la caza» del «falso autónomo»: mejora de la acción inspectora contra el fraude y el «estrés financiero» de la Seguridad Social

Resumen

La necesaria, y cada vez más urgente, modernización de las relaciones laborales pasa por la adaptación de su régimen jurídico a la transformación digital de nuestra era. Y en ese intenso y extenso proceso, en permanente ebullición y transición, queda ya de relieve que las fronteras, siempre difusas («grises»), entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo, se muestran cada vez más líquidas. Un ámbito especialmente promotor de esa creciente dilución es el relativo a la «economía de las plataformas digitales», pero no es el único, en la medida en que otros enteros sectores económicos, tanto tradicionales (cárnico, por ejemplo) como modernos (aerolíneas low cost, como Ryanair), muestran análogas tendencias (Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Tenerife de 7 de septiembre de 2018, autos 164/2017).
De la complejidad de todo ello, y de la necesidad de reformas legislativas, así como de nuevas experiencias convencionales (regulaciones colectivas), dan buena prueba las recientes iniciativas reguladoras en diversos países europeos (Italia, Francia, Dinamarca, etc.). Se trata con ello tanto de reducir la extremada conflictividad que se está desplegando en este momento al respecto cuanto de favorecer una mayor seguridad jurídica para usuarios, trabajadores y, por supuesto, para las empresas. La inseguridad y equivocidad de la situación se ilustraría por la proliferación de fallos judiciales, en todos los países europeos, incluido ahora también España, que había mantenido cierta «unidad interpretativa» crítica, que no alcanzan la misma conclusión (Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 39 de Madrid, 284/2018, de 3 de septiembre). Pues bien, en España, el Gobierno, en vez de promover iniciativas adecuadas, que estén a la altura de la magnitud del problema, ha preferido realizar una pequeña reforma de carácter reglamentario y sentido procedimental (Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto), a fin de facilitar que el «cuerpo superior de policía laboral», la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pueda allanar cuantos obstáculos surjan a su paso para aflorar los «falsos autónomos». Con ello, no solo se mejorarían las cifras de lucha contra el fraude, sino que también se aliviaría, siquiera levemente, el «estrés financiero» del sistema de Seguridad Social, que en estos días anda también en estado grave o muy agudo.
De todo este, fascinante, aun confuso e inestable, panorama de actualidad laboral y social nos da cuenta este análisis, formulando una crónica crítica de tales movimientos. Todo ello en espera de respuestas normativas, convencionales y jurisprudenciales más ciertas.