Propuestas para una reforma de la protección a la vejez (1.ª parte)

Resumen

Sabido es que la Seguridad Social atraviesa una grave situación deficitaria que en la actualidad se compensa con transferencias del Estado y que en el futuro se prevén crecientes como consecuencia del incremento del número de beneficiarios no compensado por otro correlativo del número de cotizantes. La fragilidad de la economía española, la especial gravedad con la que en ella se manifiesta la crisis económica mundial, así como la incuestionable precariedad económico-financiera y asistencial de las instituciones públicas de protección social, son otras tantas razones para motivar una actitud más abierta y comprensiva ante un programa de reformas que parece inminente y que deberán abordar, entre otras, las exigencias derivadas de la armonización en el ámbito geográfico de la Unión Europea, la garantía de un mínimo para todos los ciudadanos y, más en concreto -por lo que a este estudio interesa-, de la protección a la vejez.

No pueden olvidarse, en tal contexto, las enseñanzas que dimanan de las experiencias reformadoras europeas ni, por supuesto, las exigencias de armonización, referidas a todo un abanico de operaciones que acercan, de una u otra manera, los regímenes nacionales de Seguridad Social y se sitúan a medio camino entre la unificación global de parte de ellos y su coordinación mutua. El punto de partida no puede ser otro que la gran diversidad existente dentro de los países comunitarios tanto por lo que se refiere al nivel de cobertura de los riesgos reconocidos (esto es, la gran desigualdad en el gasto social por habitante y las diferencias en los potenciales beneficiarios) como en la distribución de los recursos disponibles, teniendo presente además que cada Estado miembro dispone de multitud de regímenes de Seguridad Social.