Aspectos sociolaborales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público: innovaciones y puntos críticos

Resumen

El Congreso de los Diputados acordó la aprobación, el pasado 19 de octubre, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. La visión estratégica de la ley es el impulso de las políticas de desarrollo sostenible que avanza hacia la consideración del contrato público como una inversión más que como un gasto. La novedad que en este trabajo abordamos es lo que en ella se contiene de referencias expresas al valor social de la contratación pública, que se concreta en reforzar la posición de los trabajadores en los contratos, estableciendo obligaciones esenciales en materia de condiciones de empleo y retribución, y en la reorientación de los criterios de valoración de las ofertas utilizando componentes cualitativos de la prestación para la elección de la oferta más ventajosa. Esto supone la inclusión de aspectos sociales en la contratación pública a partir del establecimiento de cláusulas sociales y la ampliación de la posibilidad de reserva de contratos. No ha sido una ley exenta de polémica ni resulta clarificadora en algunos aspectos de los que vamos a tratar, lo que hace especialmente interesante su comentario.