Modificaciones sustanciales y evaluación de riesgos ergonómicos: Un enfoque transversal de la prevención

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 5 de mayo de 2015, RCUD 101/2014

Resumen

A estas alturas del tiempo, y en un momento donde existe una extremada inseguridad política sobre su continuidad, no descubrimos nada nuevo cuando recordamos que la reforma laboral de 2012 tiene –¿tuvo?– como razón de ser fundamental la revalorización del principio de rendimiento empresarial ex artículos 38 y 135 de la CE. Una de las máximas expresiones de esa renovada función productivista de las normas laborales está en el «nuevo principio de adaptabilidad» de las condiciones de trabajo a las demandas de las empresas, obedientes a su vez a la necesidad de responder adecuadamente a las exigencias de mercado para mantener, o recuperar, su ventaja competitiva. Ese principio tiene una clara formulación legislativa en las medidas orientadas a favorecer la llamada «flexibilidad interna», que persigue devaluar las condiciones de trabajo –la rebaja del precio del factor trabajo– a cambio de mantener los niveles de empleo. Los preceptos más señeros en esa dirección son, como es conocido, el artículo 41 del ET (para la novación de las condiciones de trabajo no fijadas por convenio colectivo o pactadas en convenios fuera del ET, es decir, extra-estatutarios), y el artículo 82.3 del ET (para la novación de condiciones de trabajo fijadas por convenios colectivos estatutarios).