Necesario y urgente refuerzo de la sostenibilidad en el sector del transporte de mercancías por carretera: mejora de las condiciones laborales y la protección social de las personas trabajadoras (particular referencia al desplazamiento de quienes conducen)

Resumen

Debido a la concurrencia de factores de distinta índole, el sector del transporte de mercancías por carretera estaba necesitado desde hace años de una reforma legislativa que afrontase algunos de los principales retos económicos, sociales y medioambientales pendientes en materia de sostenibilidad. En particular, había que hacer frente a ciertas problemáticas sociolaborales que padecen tanto quienes trabajan de manera autónoma como quienes están empleados en empresas transportistas (especialmente, quienes conducen) y, también, era apremiante efectuar avances significativos en la lucha contra el fraude laboral y las malas prácticas desplegadas por las denominadas «empresas buzón». Además, en este contexto, era urgente (so pena de sufrir, en breve, una cuantiosa multa económica por parte de la Unión Europea –UE–) y conveniente (para abordar las dificultades críticas del sector) trasponer a nuestro ordenamiento jurídico interno las exigencias de la Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera. Todos estos ambiciosos propósitos son los que se desean acometer con la promulgación de una batería normativa dentro de la que destacan las medidas incorporadas por los Reales Decretos-Leyes 3, 6 y 14/2022, de los cuales el primero fue publicado solo unos días antes de que se desatase en nuestro país la última huelga convocada por el colectivo de transportistas, que provocó una delicada situación en la cadena logística y de suministros.